La elección del nuevo presidente de la FALP sigue en punto muerto, más aún cuando esta semana la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya estimado la solicitud de Miguel Ángel Toledo de suspender la proclamación de José Víctor Rodríguez.
La sentencia se basa en otros casos que han sentado jurisprudencia en este sentido y que determina que cuando el recurso interpuesto tiene visos de ser estimado, la tutela judicial efectiva y cautelar demanda la suspensión de la ejecución de ese acto administrativo combatido. En este caso, ese acto era la continuación del proceso electoral a pesar de que esta misma sala ya había resuelto dejar en suspensión cautelar la primera asamblea del 11 de noviembre de 2010 por culpa de las famosas papeletas.
La resolución del TSJ es tajante a la hora de afirmar que puesto que el proceso de elección siguió adelante a pesar de haber una solicitud de suspensión del acuerdo de la Junta Electoral de la FCA de aquel 11 de noviembre, no era legalmente posible seguir con él. Ante esa falta de un pronunciamiento expreso de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y al estar en duda la infracción o no de derechos fundamentales, el proceso debería haberse detenido porque la Administración debía resolver la petición de suspensión antes de ejecutar el acto recurrido.
Esto significa la suspensión efectiva del acuerdo tomado el día 23 de diciembre por la Junta Electoral de la FCA por el cual se convocaba a la asamblea de la FALP para celebrar las elecciones el día 26, además de la proclamación, primero provisional (26 de diciembre) y después definitiva (29 de diciembre) del nuevo presidente. Ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Garantías Electorales de la Dirección General de Deportes, que será la que tendrá que pronunciarse sobre si las papeletas anuladas en la primera elección, la de noviembre, se aceptan o no.
Gobierno en funciones
Llegados a este punto se entiende que la FALP seguirá con una junta de gobierno y un presidente en funciones, figura que corresponde a Juan Ignacio Díaz, el anterior rector del ente federativo. Sus competencias de aquí y hasta que el proceso se vuelva a activar y dé lugar a la proclamación definitiva de un nuevo presidente, se limitarán a la organización de competiciones además de la administración ordinaria de la federación.
Esto asegura que aunque el proceso se prevé largo y lento por el cariz que ha ido tomando en estos meses y la postura tan polarizada de las dos planchas que lideran José Víctor Rodríguez y Miguel Ángel Toledo, la FALP deberá funcionar con relativa normalidad a efectos deportivos y prueba de ello es que el Rally Villa de Santa Brígida ya ha iniciado todo el protocolo organizativo. Aquellas competencias que no puedan ser ejercidas por estos órganos en funciones, recaen provisionalmente en la FCA.